“Exigimos que Cospedal rectifique de forma inmediata esta nueva tropelía”

El PSCM-PSOE considera que la decisión del Gobierno de Cospedal de reclamar a la madre de Jomián Leonel, niño gran dependiente fallecido en marzo, el dinero concedido para la compra de una silla moldeable,que utilizó para pagar su incineración porque no tenían suficientes recursos económicos, es “triste, inmoral e indecente”.

Así se ha pronunciado Fernando Mora, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, después de conocer que el pasado 25 de julio el Gobierno de Cospedal ha iniciado el procedimiento administrativo para que la familia de Jomián Leonel devuelva la ayuda de 2.700 euros que les fue concedida para la compra de una silla moldeable, que por indicación médica, el chico necesitaba debido a su gran dependencia por la grave escoliosis que padecía.

Sin embargo, el joven, que este mismo mes debía pasar unas pruebas médicas previas a una operación quirúrgica, falleció el pasado mes de marzo. La familia de Jomián Leonel decidió entonces utilizar el dinero concedido para la compra de la silla moldeablepara pagar su incineración por no tener recursos económicos para ello.

“Si ya fue una desvergüenza que le denegaran la anhelada y necesaria ayuda a la dependencia que requería su discapacidad reconocida del cien por cien, ahora esta reclamación raya lo inaudito. Es fruto de la dejación, del abandono y de la frialdad en la toma de decisiones. Exigimos que Cospedal rectifique de forma inmediata esta nueva tropelía”, ha indicado Fernando Mora.

La Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha denunció que el Gobierno de María Dolores de Cospedal no reconoció a la familia de Jomián Leonel, niño gran dependiente de 13 años con grado de minusvalía del 100%, el derecho a recibir ayuda económica por cuidarle en su domicilio.

Esta misma Plataforma reveló también que a pesar de que el Gobierno de Cospedal había reconocido al chico un grado de gran dependencia, al mismo tiempo se le concedía un servicio de prevención, asignándole un Programa Individual de Atención (PIA) que obligaba a la familia, que ingresaba 640 euros al mes, a pagar por adelantado los gastos que conllevaba el cuidado del joven.