El portavoz del Grupo Socialista, José Molina, asegura que presentarán una iniciativa exigiendo al ministerio de Medio Ambiente para que investigue lo que consideran "gestión fraudulenta del trasvase"

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha va a presentar una iniciativa para exigir al Ministerio de Medio Ambiente que paralice la concesión de derechos sobre el trasvase Tajo-Segura y que abra una investigación para depurar las responsabilidades políticas que puede haber habido en la gestión del trasvase en los últimos años.

Así lo indicó hoy el portavoz del PSOE en la Cámara regional, José Molina, quien manifestó en una rueda de prensa que a su grupo le parece que «se está haciendo una gestión fraudulenta del trasvase Tajo-Segura».

Afirmó que, aparte de la queja que Castilla-La Mancha presentó ante la Unión Europea por esta cuestión y las demandas que hay en curso en los tribunales, «nos parece que hay que establecer qué responsabilidades políticas hay en la gestión del trasvase Tajo-Segura, porque nos parece que se han cometido verdaderas barbaridades».

Afirmó que el «uso fraudulento» y el «mercado negro» del agua del trasvase va en detrimento de los recursos que corresponden a Castilla-La Mancha y a la cuenca del Tajo, por lo que «no podemos permanecer impasibles cuando vemos que se está haciendo una gestión, aparte de nefasta, presuntamente delictiva».

Explicó que pedirán al Ministerio de Medio Ambiente la paralización de la concesión de derechos de agua sobre el trasvase Tajo-Segura que el Gobierno de la Nación, a través del citado departamento ministerial y de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha sacado a concurso.

Concesiones de derechos de agua

Molina indicó que la intención del Gobierno es otorgar concesiones de derechos de agua a veintidós concesionarios que ascienden a 247 hectómetros cúbicos, que es más de lo que se viene trasvasando en los últimos años, y afectan a unas 83.000 hectáreas.

Recordó que el agua que se trasvasa tiene el carácter de agua excedentaria, es decir es agua que sobra y que depende de lo que llueve cada año y de que estén cubiertas todas las necesidades de la cuenca cedente, la del Tajo, y de los usos que la Ley de Aguas establece como prioritarios, como el abastecimiento a poblaciones para uso y consumo humano.

El portavoz del Grupo Socialista manifestó que de concederse los mencionados derechos sobre ese agua excedentaria, si el año que no viene no hay agua porque no ha llovido, «los concesionarios podrán reclamar que se les pague el agua que no se les ha mandado».

También recordó que la Fiscalía de Madrid ha remitido a la de Murcia «una demanda que afecta a 21 titulares, a unas 8.000 hectáreas y a unos 60 hectómetros cúbicos» por considerar que «se ha creado un mercado negro del agua mediante el que una serie de titulares están abriendo pozos nuevos que son ilegales y que tienen más profundidad que otros para llevarse su agua y dejarlos secos».

Molina explicó que ese agua luego se revende a los titulares legítimos que se han quedado sin agua o bien para «usos no contemplados en la Ley del Trasvase Tajo-Segura, por ejemplo campos de golf».

En su opinión, con esta práctica se está vulnerando la mencionada ley, al privar «a unos titulares legítimos de sus recursos» y destinarlos a «un uso no previsto que es contrario a la legislación del agua y del propio trasvase».

Molina manifestó que «para nosotros ésto no es nada nuevo y ya lo hemos denunciado en repetidas ocasiones» y recordó, en este sentido, las demandas interpuestas por la Junta de Castilla-La Mancha ante trasvases que consideró no ajustados a la legislación y la queja que presentó el año pasado en la UE por considerar que el Gobierno de la Nación ha vulnerado siete directivas comunitarias en la gestión del trasvase y que se está aún tramitando.

Nuevo decreto de admisión de alumnos

Por otra parte, José Molina, afirmó hoy que, si el PP «pretende armar ruido» con el nuevo decreto de admisión de alumnos, se equivoca y añadió que lo que «no puede primar es la libertad de un centro sostenido con fondos públicos para decir si ese alumno le gusta o no le gusta».

Molina dijo que con ese decreto «no va a haber ningún titular de un centro concertado que seleccione a los alumnos a su gusto».

Afirmó que no hay razones «para que exista preocupación alguna», pues la baremación, que sólo se aplica cuando hay más solicitudes que plazas en un centro, sólo afecta a uno de cada diez alumnos, pues en Castilla-La Mancha «el 90 por ciento va al centro que elige».

José Molina dijo que no entiende que pretende el PP y señaló que los elementos de baremación son los que la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) obliga, al tiempo que afirmó que es la LOCE la que ha dado a las comunidades autónomas las competencias y no a los centros para decidir en esa materia.

Agregó que «si el PP pretende armar ruido con este tema, se equivoca y estará primando otros intereses que no son los de la no discriminación en el derecho a la educación».

Recordó que el decreto de admisión cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo y con un amplio respaldo de la comunidad educativa, al obtener en el Consejo Escolar de la regió?!IdEntrada
?Seccion?FechaNotician 28 votos a favor frente a sólo dos votos en contra y dos abstenciones.

Molina dijo que el decreto persigue que haya más libertad para elegir centro, pero también «más justicia» a la hora de adjudicar las plazas, simplifica los trámites que hay que hacer para solicitar plaza y dota de mayor transparencia al proceso de selección.