Fernández asegura que “la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, se autoenchufa, el alcalde de Manzanares presuntamente comete prevaricación, el alcalde de Campo de Criptana presuntamente comete un delito de falsedad documental y el alcalde de Daimiel está condenado por vulneración de derechos fundamentales”.

“Sería oportuno que Cospedal dejara de buscar los 200.000 euros para ponerse a tomar decisiones en serio en esta provincia en la que el Partido Popular lo tiene más que complicado por mor de sus alcaldes”.

La secretaria de Organización del PSOE en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, ha pedido a la presidenta de Castilla-La Mancha y del PP en esta región, María Dolores de Cospedal, que tome medidas contra los cuatro alcaldes de esta formación que en estos momentos se encuentran en “jaque” por diferentes decisiones judiciales contra ellos.

Fernández se refería así a los casos de la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, que “se autoenchufa” para intentar hacerse con una plaza de funcionaria en el Centro de la Mujer de su propio Ayuntamiento sin realizar oposición alguna;, el alcalde de Manzanares, Antonio López de la Manzanara, “presuntamente comete prevaricación” al perdonar una serie de multas de forma injusta y arbitraria; el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lucas-Torres, “presuntamente comete un delito de falsedad documental”, y el alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, que “está condenado por vulneración de derechos fundamentales” al despedir a una trabajadora por discriminación ideológica.

Ante estos “líos” judiciales, Blanca Fernández ha exigido a Cospedal “que deje de buscar por un momento los 200.000 euros que no encuentra y que no sabe dar cuenta de ellos para dar explicaciones de por qué consiente este tipo de actuaciones en la provincia de Ciudad Real”.

La responsable socialista ha dicho que la situación de suficiente grave y complicada como para que tanto Cospedal como los alcaldes involucrados de una u otra manera en procedimientos o citaciones judiciales den la cara.

Unas explicaciones que también han exigido las dirigentes del PSOE de Campo de Criptana y Daimiel. En el primer caso, la secretaria general y portavoz de los socialistas criptanenses, Carmen Teresa Olmedo, ha recriminado al alcalde Santiago Lucas-Torres “que se permita el lujo de dar clases de honorabilidad y transparencia a la oposición” cuando tiene entre manos esta sospecha de presunta falsificación en documento público.

Una actuación posiblemente ilícita que está en manos de los servicios jurídicos del PSOE para estudiar si procede formular denuncia en instancias judiciales que Olmedo atribuye con rotundidad a “la falta de diligencia y de rigor” del alcalde de Campo de Criptana a la hora de certificar una obra que no se había ejecutado, tal y como consta en acta notarial.

Por lo que respecta al caso de Daimiel, la secretaria general del PSOE en esta localidad, Lucía Menor, a la sazón la trabajadora municipal que fue despedida por su adscripción política y que la Justicia ha dictaminado su readmisión, ha negado los argumentos de índole económica esgrimidos por el equipo de Gobierno del PP, pues ha relatado el “acoso” sufrido en forma de negación de acceso a sus labores habituales, a su ordenador, a las reuniones necesarias para el desempleo de sus funciones, la retirada de llaves, teléfono y otros medios o el nombramiento de otra persona para desempeñar su cargo.

Lucía Menor ha indicado que la sentencia es contundente y no deja lugar a dudas para evidencias que el despido se debió a un móvil discriminatorio por causa de su adscripción política a un partido político, y nada que ver al ajuste de personal esgrimido por el alcalde daimieleño, y en este sentido ha aclarado que existen multitud de pruebas testificales, correos electrónicos y documentos gráficos.

Por último, y de nuevo Blanca Fernández, se ha referido a la intentona de la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, para hacerse con una plaza fija en el Centro de la Mujer, y lo ha hecho para recordarle, primero, que un juez ha dicho que este movimiento es “fraude de ley” y, segundo, que este servicio puede seguir funcionando perfectamente sin ella como trabajadora porque cuenta con subvención presupuestaria asignada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que “más le valdría actuar con responsabilidad en lugar de dar patadas y utilizar a las mujeres para parapetarse”.