Fernández ha dicho no comprender este golpe “al presente y al futuro” de esta región representado en los jóvenes estudiantes castellano-manchegos, que son “la inversión productiva más importante de todas”

“La posibilidad de un alojamiento digno y asequible es en muchas ocasiones la única forma de acceder a los estudios universitarios para muchos estudiantes, más ahora que las becas se han reducido y las tasas han aumentado considerablemente para el bolsillo de las familias”

La diputada regional del PSOE, Blanca Fernández, ha denunciado que la privatización de las residencias universitarias que pretende llevar a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha supondrá “un nuevo mazazo para las expectativas de nuestros jóvenes”.

Una medida reconocida por el propio consejero de Educación Marcial Marín, y de la que el Grupo Parlamentario Socialista ya advirtió a finales del pasado año cuando se aprobó el presupuesto de 2013.

Ante esta amenaza que se cierne sobre todas las residencias universitarias de carácter público que existen en Castilla-La Mancha y que reúnen aproximadamente 2.000 plazas, Fernández se ha cuestionado “cómo pretende garantizar el Gobierno de Cospedal las becas para el alumno que lo necesita o tiene un brillante expediente académico” si no se ha presupuestado nada a este apartado.

En este sentido, la parlamentaria socialista ha dicho no comprender este golpe “al presente y al futuro” de esta región representado en los jóvenes estudiantes castellano-manchegos, a su juicio, “la inversión productiva más importante de todas” y que ahora ven de nuevo truncadas sus expectativas.

Fernández se ha mostrado muy crítica con el trasfondo de la privatización de las residencias universitarias por parte del Ejecutivo regional del Partido Popular, que no es otro que “querer hacer negocio con todo y a costa de todos” pese a que el servicio que prestan a los jóvenes castellano-manchegos va más allá del alojamiento universitario.

Así, la responsable socialista ha explicado que en una región de tanta extensión como Castilla-La Mancha y de alta ruralidad, “la posibilidad de un alojamiento digno y asequible es en muchas ocasiones la única forma de acceder a los estudios universitarios para muchos estudiantes, más ahora que las becas se han reducido y las tasas han aumentado considerablemente para el bolsillo de las familias”.

Junto a estos beneficios, Fernández ha valorado que estas infraestructuras de alojamiento universitario facilitan la movilidad interprovincial y, por tanto, “contribuyen eficazmente al desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y al mismo concepto de región”, además de servir para las acciones internacionales de intercambio de estudiantes de la misma UCLM.

Fernández no se ha mostrado muy optimista al sospechar que este nuevo recorte de expectativas para los jóvenes se puede acabar convirtiendo en un una reducción de los menos favorecidos económicamente en la universidad y de cerrar puertas que aún siguen abiertas a la internacionalización.

La diputada regional del PSOE recuerda que las residencias universitarias de Castilla-La Mancha tenían hasta ahora un método de trabajo muy bien definido por los anteriores gobiernos socialistas, método basado en el esfuerzo de los estudiantes y atendiendo a su situación socio-económica, función social que “se puede ir al traste para convertirse en un servicio hotelero más, pero incluso en este caso habrá que ver a qué coste para los estudiantes. “¿Realmente ha pensado la señora Cospedal cuántos jóvenes dejarán de estudiar con medidas como esta?”, se ha preguntado Fernández.

La explicación que ha ofrecido la dirigente socialista es que durante la etapa de gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha los presupuestos regionales preveían siempre fondos que permitían precios asequibles para los estudiantes, pero “¿alguien piensa que con una gestión privada la Junta de Comunidades y la señora Cospedal van a atender a la situación social y económica de los jóvenes y sus familias?”.

Por otro lado, Fernández ha puesto en valor la labor de todos los trabajadores y trabajadoras de las residencias universitarias públicas que “durante años han realizado un trabajo eficaz gracias al servicio imprescindible para mejorar la formación de los castellano-manchegos, pero ahora nadie sabe de momento cuál va a ser su futuro”.

Por último, la responsable ciudadrealeña no ha negado el derecho del Gobierno a analizar un nuevo modelo de gestión, pero éste “debería hacerse con transparencia, con publicidad y sin olvidar el valor que tienen las residencias universitarias, especialmente en Castilla-La Mancha, para hacer real el derecho de los jóvenes a acceder a los estudios universitarios”.