El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa en la que también se reclaman las reformas legales, prometidas por el PP en el 99, para impedir que altos cargos perciban subvenciones

El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa en la que también se reclaman las reformas legales, prometidas por el PP en el 99, para impedir que altos cargos perciban subvenciones
El PSOE ha presentado una iniciativa en la que se insta al Congreso a proclamar la existencia de responsabilidades políticas del Gobierno de José María Aznar en el escándalo del lino, y en concreto de la entonces ministra de Agricultura y hoy vicepresidente de la Comisión Europea, Loyola de Palacio. También reclama las reformas legales prometidas por el PP en 1999 para impedir que altos cargos perciban subvenciones.

Así lo señalan los socialistas en una proposición no de ley, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se detalla que la existencia de responsabilidades políticas en el Ejecutivo se debe al nombramiento de altos cargos «directamente ligados» al fraude de las ayudas europeas al cultivo del lino, algunos de ellos responsables directos de la coordinación de las ayudas comunitarias al sector agrario español.

Los socialistas se referían así al auto dictado el pasado 22 de mayo por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por el que se imputa por el fraude del lino a, entre otros, al menos dos ex altos cargos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el período en el que era titular de este Departamento Loyola de Palacio.

En opinión de los socialistas, este auto viene a constatar las responsabilidades políticas del Gobierno al poner en evidencia la coincidencia de la responsabilidad en la «coordinación de las ayudas y la interlocución ante la Unión Europea» e intereses en el cultivo y transformación del lino que, afirman, sirvieron para el beneficio personal.

En la misma línea, y aludiendo al auto de la Audiencia Nacional se señala cómo desde el propio Ministerio, se dirigía el «entorpecimiento de los controles», lo que podría haber beneficiado, denuncian, a estos altos cargos o a sus familiares.

Asimismo, el PSOE recuerda en su iniciativa que el informe emitido por la Fiscalía Anticorrupción a instancia de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) para investigar los «cazaprimas» del lino concluye la «existencia de un fraude generalizado» en la aplicación en España del régimen de ayudas comunitarioas en el sector del lino textil.

Que lo sepa la Comisión Europea

Según sostienen los socialistas, el PP calificó este informe de «irresponsable» y «arbitrario», mientras que Loyola de Palacio, en contradicción con su partido y con lo dicho por ella misma hasta el momento, utiliza este informe de la Fiscalía Anticorrupción para presentar a título particular una denuncia en el Juzgado Central de Instrucción en el que habla de posibles delitos contra la Hacienda Pública y malversación de caudales públicos.

Esta conducta pone en evidencia, según los socialistas, que lo se calificó desde el PP como «montaje electoral» acabe recurriéndose con «procedimientos penales.

Por todo ello, el Grupo parlamentario del PSOE acude al Congreso para que certifique las responsabilidades políticas del Ejecutivo de Aznar, y se haga llegar de ese reconocimiento a la Comisión Europea, donde Loyola de Palacio figura como vicepresidenta.

Igualmente, piden que se reclame al Ejecutivo la adopción de propuestas legislativas para impedir que los altos cargos perciban subvenciones y participen en negocios relacionados con la gestión de estas ayudas, en cumplimiento con su promesa realizada en la campaña de las elecciones europeas de 1999.