Melchor asegura que, en el pleno que se celebra esta tarde, van a pedir que las Cortes regionales insten al Gobierno de España a modificar la Ley Hipotecaria y de Enjuiciamiento Civil y que la dación en pago se convierta en la norma general

Los socialistas plantearán igualmente que se cambie la Ley de Empleo Público de C-LM “para acabar con la injusticia económica y laboral a la que Cospedal está sometiendo a los 70.000 empleados públicos de la Junta”

El Grupo Socialista va a exigir a Cospedal que de manera urgente declare una moratoria que paralice todos los expedientes de desahucio en Castilla-La Mancha hasta que se resuelvan las modificaciones normativas que se están debatiendo en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado hoy la portavoz en materia de Vivienda, Rosa Melchor, quien señaló que esta misma tarde, en el pleno de las Cortes regionales, planteará una proposición en este sentido.

Melchor indicó que se va a exigir, igualmente, que esta paralización tenga carácter retroactivo, porque este problema lo están sufriendo los castellano-manchegos desde que comenzó la crisis.

La parlamentaria indicó que además, aprovechando la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, los socialistas también van a plantear que las Cortes regionales insten al Gobierno de España a modificar la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil adaptándolas a la realidad actual y que la dación en pago se convierta en la norma a la que puedan acogerse voluntariamente todos los afectados por desahucio y no sea una excepción como hasta ahora.

Igualmente, pedirán en esa proposición que se facilite la posibilidad de alquiler social en la propia vivienda en la que se pretende desahuciar a las personas afectadas.

Melchor, indicó que los dirigentes del PP no pueden mirar para otro lado y poner solo parches. “Ante nuevos tiempos y nuevos problemas, hay que tomar nuevas medidas”, sentenció.

Recordó que desde el Grupo Socialista desde hace meses se han ido planteando diferentes iniciativas para luchar contra los desahucios, iniciativas que han sido rechazadas por Cospedal y los dirigentes del PP.

Así, indicó que se pidió a la Junta que paralizase los desahucios en las viviendas de su propiedad; también se solicitó que el Gobierno regional exigiera a las entidades financieras donde tiene sus cuentas que paralizasen los desahucios que estén ejecutando o que, al igual que ocurre en otras regiones gobernadas por el PP como Castilla y León, pusieran a disposición de los afectados un servicio público de asesoramiento e intermediación. “Todas ellas, que no fueron tenidas en cuenta, también las volveremos a plantear hoy”.

Melchor explicó que también se solicitó a la Junta que se destinarán las 800 viviendas vacías de su propiedad a familias afectadas por los desahucios. “Lo único que han hecho es facilitar 80 viviendas, algo totalmente insuficiente si tenemos en cuenta que durante el pasado año en nuestra región se ejecutaron 7.000 desahucios”.

“Acabar con la injusticia económica y laboral a los 70.000 empleados públicos de la Junta de C-LM”

Por su parte, el portavoz de Asuntos Generales del Grupo Socialista, Luis Santiago Tierraseca, informó de otra iniciativa que presentarán, esta tarde en el pleno, exigiendo la modificación de los criterios sobre Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) que fueron aprobados por el actual Gobierno regional y que están recogidos en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha. “El objetivo es acabar con la injusticia económica y laboral a los que Cospedal está sometiendo a los 70.000 empleados públicos de la Junta”.

El parlamentario señaló que los trabajadores de la administración regional están sufriendo una discriminación grave con respecto a los empleados públicos de otras administraciones, ya sean de ayuntamientos, diputaciones o del gobierno central, ya que los baremos que se les aplica cuando están de baja por enfermedad son más restrictivos y les supone una merma económica mucho mayor. Por ello, lo que solicitan es que se aplique a los empleados de la Junta la ley básica del Estado para el caso de bajas por enfermedad.

Según Santiago Tierraseca, los empleados de la Junta, además de tener la desgracia de caer enfermos pueden perder entre 400 y 700 euros al mes, dependiendo de su categoría profesional, si se ven obligados a cogerse la baja.

La actual normativa de la Junta de Comunidades, explicó el diputado socialista, está produciendo situaciones grotescas y surrealistas como que los trabajadores vayan a su trabajo enfermos para que no se reduzca su salario o por miedo a ser despedidos. “Se han dado casos, denunciados por los propios sindicatos, de empleados públicos que han ido a su puesto de trabajo escayolados, en sillas de ruedas o tras un reciente infarto”.

Igualmente, denunció que en nuestra comunidad autónoma se están dando casos que no ocurren en ninguna otra región de España “como es penalizar las bajas cuando un empleado es sometido a una intervención quirúrgica, necesita de tratamientos como quimioterapia o radioterapia o incluso por bajas de maternidad, en las que el médico recomienda reposo, bajas de paternidad, lactancia, acogimiento o adopción”.

Para Santiago Tierrraseca, Cospedal “se ha convertido en la presidenta que más ha castigado a sus empleados públicos, bajándoles el sueldo, quitándoles derechos y mandando al paro a más de 10.000”.

Por último, indicó que la lucha contra el absentismo laboral es necesaria pero con medidas eficaces y “no criminalizando a todos los empleados públicos y considerándolos, a priori, como a picaros”.