Alonso asegura que resulta muy raro que el Ejecutivo regional encargue a una empresa de espionaje el análisis de unos ordenadores cuando la Junta tiene informáticos perfectamente cualificados para hacerlo

El diputado destaca las resoluciones presentadas por el Grupo Socialista en el Debate sobre el Estado de la Nación. En algunas de ellas se pide que no se privaticen hospitales ni se cierren las urgencias nocturnas en comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla-La Mancha

El coordinador de los parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha, Alejandro Alonso, ha exigido hoy a Cospedal que sea ella y no otros, la que, de manera inmediata salga a dar explicaciones sobre por qué su Gobierno contrató en el año 2012 a la empresa de detectives “Método 3” para supuestamente analizar varios ordenadores de la Junta.

Alonso señaló que todo este asunto “huele muy mal” ya que no parece muy razonable que un Gobierno contrate a una empresa de detectives para que analicen unos ordenadores cuando la administración regional cuenta con informáticos perfectamente cualificados para realizar esta tarea.

“No nos valen las explicaciones de portavoces monaguillos y debe ser la propia presidenta regional la que mañana mismo salga y aclare lo que está pasando aquí”, señaló Alonso, quien aseguró que en este asunto se están dando “demasiadas coincidencias” ya que, según recogen diversas informaciones periodísticas, esta empresa que contrató el Gobierno regional es la misma a la que se atribuyen supuestos espionajes al ex presidente regional, José María Barreda o al secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page.

Alonso calificó como de “absolutamente deplorable” la actitud del Gobierno de Cospedal. “No es razonable lo que han hecho, no hemos visto este tipo de casos ni en Castilla-La Mancha ni en ningún otro sitio”.

Resoluciones del PSOE en el Debate sobre el Estado de la Nación

Por otra parte, Alonso dio cuenta de las 15 resoluciones presentadas por el Grupo Socialista en el Debate sobre el Estado de la Nación, que contienen numerosas medidas para atajar los problemas de corrupción y pérdida de credibilidad de la clase política, medidas para la reactivación económica y la generación de empleo y medidas para el mantenimiento y la defensa de los servicios públicos.

Algunas de estas propuestas, de aprobarse, apuntó el diputado socialista, afectarían positivamente a Castilla-La Mancha. Así, en materia sanitaria, se ha presentado una resolución exigiendo paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de hospitales y centros de salud públicos que se están dando en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Castilla-La Mancha. Igualmente, se exige el mantenimiento de los puntos de atención continuada para la atención sanitaria en horario de tarde y noche en el medio rural, paralizando las medidas de cierre adoptadas por algunas regiones como la nuestra.

En materia de Servicios Sociales, los socialistas han planteado la creación de un fondo de lucha contra la pobreza, dotado de 1.000 millones, para financiar actuaciones que realizan los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

En materia de Agricultura, la resolución presentada por el Grupo Socialista se centra en exigir al Gobierno que no dé por perdida la negociación con Bruselas. “Lo que le decimos es que ni un euro menos ni una mentira más, que siga peleando en Europa porque los acuerdos que se han alcanzado son negativos y suponen la pérdida de fondos y necesitamos más recursos para la agricultura”.

En materia de crecimiento económico, destacó las propuestas para crear una agencia pública de crédito para la inversión y la referida a que el Gobierno de España adopte el compromiso de destinar el 50% del dinero que se recauda anualmente en materia de lucha contra el fraude fiscal a políticas activas de empleo.

Lucha contra la corrupción

Alonso quiso detenerse y explicar con más detalle la resolución socialista contra la corrupción y señaló que la misma es amplia y contempla numerosas medidas entre ellas la modificación de varias leyes.

Así, explicó que se propone el aumento de las penas a los corruptos; acortar los tiempos para que las sentencias sobre corrupción se produzcan en plazos más breves; la prohibición de que empresas y particulares que estén inmersos en juicios por corrupción puedan contratar con la administración o que se prohíban también las donaciones de empresas y particulares a partidos políticos.

Igualmente, los socialistas han planteado que en la ley de transparencia, que actualmente se está tramitando en el Congreso, se obligue a que también estén sometidos a la misma la Casa Real, los partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y todas las organizaciones, empresas, fundaciones, etc. cuyo presupuesto esté cubierto en un 40% por una financiación pública.

Por último, indicó que se ha propuesto un catálogo exhaustivo y con un procedimiento homologado del régimen de presentación de declaraciones de bienes de y actividades para todos los miembros del Gobierno, altos cargos y miembros de las Cortes.