La diputada socialista por la provincia de Toledo, Guadalupe Martín considera que “los recortes económicos no deben en ningún caso privar a las personas sordas de su derecho a disponer de servicios de intérpretes de lengua de signos, especialmente en situaciones de máxima necesidad”

La diputada socialista por Toledo, Guadalupe Martín, y la diputada socialista por Ourense y portavoz del PSOE en materia de discapacidad, Laura Seara, han registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley con la que “se insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, a garantizar la disponibilidad de servicios de intérpretes de lenguas de signos para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en sus relaciones con las administraciones públicas, especialmente en comisarías, servicios de urgencias sanitarias y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género”.

Guadalupe Martín recuerda que “en la Ley 27/2007 se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.

“Esta Ley –señala- ha supuesto un importante avance pues dio respuesta a las necesidades de un colectivo que venía demandando el apoyo y la implicación de las administraciones públicas para lograr su integración efectiva».

Sin embargo, la diputada socialista lamenta que “el despliegue gradual que estaban teniendo las previsiones de dicha Ley se ha visto interrumpido por las políticas de recortes en el gasto social llevadas a cabo por el Gobierno del PP y en algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha”.

“Las consecuencias de estos recortes para los colectivos con mayores dificultades, como ancianos, dependientes y personas con discapacidad, son notables en todos los ámbitos pero son especialmente graves en situaciones de urgencia” –apunta.

De este modo, indica que “en situaciones de urgencia, en las que una persona presenta mayor vulnerabilidad, lograr comunicarse cobra singular importancia”.

Por ello, sostiene que “las razones de tipo económico en ningún caso deben amparar que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se vean privadas de su derecho a disponer de servicios de intérpretes de lengua de signos, sobre todo en situaciones de máxima necesidad”.

“El recorte económico no puede ni debe condenar a la discriminación” –afirma.