Alonso pide el mantenimiento del Plan Especial del Alto Guadiana y reivindica la recuperación del acuífero, para el que pide una especial atención por parte de las autoridades de todos los niveles

“Todos los gobiernos hasta ahora han tenido compromisos con esta zona, el de ahora es el único que quiere desentenderse”, aseguró hoy el portavoz de Agricultura, Alejandro Alonso, en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su intervención en defensa de una Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el Plan Especial del Alto Guadiana, para su mantenimiento frente a los cambios impulsados por el PP que otorgan la capacidad de actuación a los propietarios de derechos de aguas.

Para el portavoz socialista de Agricultura, que subrayó los frutos que ha dado este plan en la recuperación del acuífero, la zona, donde están declarados como reserva de la biosfera 117 espacios lagunares y donde está el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, las lagunas de Ruidera y una zona que desarrolla una importante actividad económica, “requiere una especial atención por parte de las autoridades de todos los niveles”.

Alonso recuerda que el Plan Hidrológico Nacional del 2001 establecía un mandato al gobierno para que en el plazo de un año aprobara un plan especial para el Alto Guadiana. El Gobierno no cumplió su compromiso, y fue necesario que pasaran varios años, hasta el 2008, cuando un gobierno socialista, “con el consenso absoluto en la zona”, subrayó el portavoz socialista, aprobó un plan especial.

Citando a expertos como los responsables del instituto geominero para avalar los buenos resultados del plan especial, Alonso vinculó los buenos resultados a “una actuación decidida de la administración”, y destacó que los datos de los expertos determinan que “una actuación solida, rigurosa, en favor del acuífero”, está permitiendo su recuperación.

Por todo ello, denunció la falta de dotación presupuestaria para el plan especial en los PGE, que el PP le haya dejado sin recursos económicos y que fíe cualquier procedimiento de normalización al intercambio de derechos entre particulares. “El PP pretende dejar exclusivamente a la iniciativa privada la capacidad de intercambio de derechos de la zona, dejar sin posibilidad de actuación a las administraciones”, denunció.