La Proposición de Ley, presentada hoy por el Grupo Socialista, plantea reducir las ayudas a los agricultores no profesionales e invertir los recursos resultantes en el campo de Castilla-La Mancha.

El Grupo Parlamentario Socialista presentó hoy en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición de Ley de modulación de las ayudas agrarias que pretende beneficiar a los agricultores profesionales y regular las subvenciones que reciben aquellas explotaciones cuyos propietarios no viven y trabajan en el campo, una iniciativa que, a su juicio, podría suponer una «referencia» nacional y un modelo para la UE.

En rueda de prensa, el portavoz socialista en materia agraria, Antonio Salinas, justificó esta Proposición en la voluntad de tener una «política agrícola regional propia», a la que el Gobierno central «ha renunciado», y que se contrapone a la propuesta de reforma de la PAC planteada por el comisario europeo, Franz Fischler, que no es válida para España ni para Castilla-La Mancha, dijo.

A juicio de Salinas, la propuesta de Fischler es «de café y leche para todos» y no es válida porque «no todas las explotaciones del medio rural inciden en el mantenimiento del tejido social de la misma manera». Por ello, la iniciativa apoya «prioritariamente» a los profesionales de la agricultura, las explotaciones familiares, a los que tienen «vocación de permanencia en el medio rural», a los generadores de empleo o mejoren su explotación, a los que respeten el medio ambiente y a los jóvenes que quieran incorporarse al campo.

En este sentido, explicó, la Proposición establece, al igual que la propuesta del comisario europeo, un «suelo» en las ayudas por debajo del cual no habrá modulación de ayudas. Así, aquellos agricultores que reciban por explotación y año subvenciones menores de 30.000 euros no se verán afectados por la medida, lo que en Castilla-La Mancha supone el 97,59 por ciento del total de explotaciones.

Por contra, la iniciativa parlamentaria del PSOE no establece un «techo», que sí propone Fischler, siempre que se respeten los parámetros «prioritarios» antes mencionados. Para el resto, que representan el 2,41 por ciento de las explotaciones de la región, se aplicará una reducción de ayuda que, anualmente, no podrá superar el 20 por ciento del importe concedido.

Según los datos de 2001, este 2,41 por ciento de explotaciones recibió el 35,88 por ciento de las ayudas, lo que supuso 218,06 de los 607,75 millones de euros destinados a Castilla-La Mancha. Con una modulación media de un 10 por ciento, cifró Salinas, se conseguirían unos 20 millones de euros anuales que, destacó, no se perderían sino que, en virtud del reglamento europeo 1257/1999, revertirían en Castilla-La Mancha.

Este dinero, agregó finalmente el responsable socialista, se destinaría a acciones en zonas desfavorecidas o con limitaciones, a proyectos agroalimentarios, a reforestación forestal o a jubilaciones anticipadas. Además, resumió, la Proposición establece la imposibilidad de alterar las explotaciones agrarias para cambiar el reparto de ayudas y su entrada en vigor se produciría el 16 de octubre de 2003, cuando comienza el nuevo año agrícola.

COMPATIBLE CON LA REFORMA DE LA PAC

En este sentido, tanto Salinas como el presidente-portavoz del Grupo, Francisco Belmonte, comentaron que la propuesta que baraja Fischler no entraría en vigor, como muy pronto, hasta 2006, con lo que en Castilla-La Mancha habría tres años agrícolas para ensayar este «modelo más justo».

Sobre la reforma de la PAC planteada por el comisario europeo, Salinas criticó que la modulación propuesta será lineal e independiente de si afecta a una explotación familiar o a otra que no tenga vinculación con el medio rural, mientras que la iniciativa de su Grupo prioriza la subvenciones en el primer caso y penaliza al segundo.

Además, apuntó el parlamentario socialista, esta reforma desliga las ayudas de la explotación y su producción, lo que podría hacer peligrar el «esfuerzo de modernización» hecho en Castilla-La Mancha al suponer «una falta de estímulo» si la ayuda se garantiza por ley.

Por estas razones, opinó por su parte Belmonte, la iniciativa hoy presentada llega en un «momento oportuno», cuando se debate una reforma de la PAC que «es ofensiva para Castilla-La Mancha», algo que reconoce el propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que, sin embargo, «no nos ha defendido bien y pinta poco en las negociaciones».

VOLUNTAD DE DIÁLOGO

Finalmente, los responsables del Grupo Socialista hicieron un llamamiento de diálogo y consenso al Grupo Popular, con el que han mantenido sendas reuniones «cordiales», pero del que no han recibido respuesta al texto remitido hace más de una semana.

Pese a todo, confiaron en que, a lo largo del trámite parlamentario, haya acercamientos entre ambas partes, superando las «reticencias» mostradas en estas conversaciones y que, según indicó Belmonte, se centran en la oportunidad o no de intervenir en la regulación de las ayudas cuando la UE estudia también la modulación de las mismas.

Preguntado por el apoyo de las asociaciones agrarias profesionales, Belmonte aseguró que UPA y COAG tienen un nivel de coincidencia alto «en líneas generales», mientras que?!IdEntrada ASAJA, que también es partidaria, dice «sí con matices» al estar preocupada por el respeto a los profesionales de la agricultura.