Representantes del Grupo Socialista y de los sindicatos ANPE y SATSE se han reunido hoy para analizar el proyecto de Ley de medidas complementarias del Gobierno regional. Coinciden en denunciar que producirán un grave deterioro tanto de los servicios sanitarios como de los educativos

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, y el diputado regional Fernando Lamata, han mantenido hoy un encuentro con los máximos responsables regionales de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (ANPE y SATSE), Juan Carlos Illescas Díaz y Juan Francisco Ruiz López, respectivamente.

En la misma, se ha analizado el proyecto de Ley de medidas complementarias del mal llamado Plan de Garantías de los Servicios Sociales que ha puesto en marcha el Gobierno de Cospedal.

Tanto los representantes sindicales como los del Grupo Socialista coincidieron en destacar la gravedad de la crisis económica que estamos padeciendo y en la necesidad de adoptar medidas de austeridad, pero también coincidieron en que estas no pueden ser a cualquier precio ni recaer, en exclusiva sobre las clases medias y trabajadoras.

Los representantes sindicales mostraron su preocupación por los duros recortes que contempla la Ley y que producirá un grave deterioro tanto de los servicios sanitarios como de los educativos; Ley que no garantiza para nada la prestación de estos servicios públicos, y que además está orientada a la privatización del sector sanitario.

Han destacado que las medidas adoptadas por el Gobierno de Cospedal pueden ocasionar el despido de hasta 5.000 funcionarios públicos, de los cuales 2.000 corresponderían a enfermeras.

Al mismo tiempo coincidieron en lo duro que puede resultar para los ingresos de los trabajadores y empleados públicos, ya que la Ley contempla una reducción importante de sus ingresos, contempla un incremento notable de las horas de trabajo, no contempla con rigor los turnos rotatorio en enfermería, afecta a la carrera profesional y se establece un sistema irracional del control de las bajas por enfermedad que castiga al trabajador, además de eliminar la Oferta de Empleo Público, sin atender a criterios ni de urgencia ni de necesidad.

Igualmente, han denunciado que la Ley hace recaer el coste de la crisis en los trabajadores y los empleados públicos, con una incidencia muy negativa en la sanidad y la educación, servicios básicos esenciales que es preciso mantener.

Durante la reunión se dio un repaso a las enmiendas presentadas por el Grupo socialista y aquellas cuestiones que ambos sindicatos consideran indispensables para que no se produzca un deterioro irreparable del Estado del Bienestar.