El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha subrayado hoy la "inquietud" de este organismo ante el impago por parte del Gobierno regional de este impuesto de 80 inmuebles transferidos a la autonomía

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha subrayado hoy la «inquietud» de este organismo ante el impago por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha del IBI de 80 inmuebles transferidos a la autonomía, que suponen una deuda de «varios millones de euros».

En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Efe, Granado ha destacado que no existe «ningún precedente» de impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por parte de una comunidad autónoma de una forma generalizada, y ha afirmado que esto sucede desde el cambio de gobierno, tras las elecciones de mayo.

«Ningún precedente (hay) con la dimensión de la que estamos hablando, hemos tenido algún problema un año con algún edificio pero que una comunidad autónoma deje de pagar el IBI de todos los edificios, nunca», ha indicado.

Se trata «de más de 80 edificios» que suponen un impago de «varios millones de euros», según Octavio Granado, quien ha apuntado que determinados ayuntamientos del PP están actuando de forma conjunta con la Junta.

Según el secretario de Estado, «los ayuntamientos saben que la Ley General de Seguridad Social dice que cuando un edificio ha sido traspasado, es la comunidad autónoma la que tiene que pagar el IBI. Pero da toda la sensación de que, en este caso, hay alcaldes del PP que han conjuntado actuaciones con la Consejería».

La Seguridad Social conoció esta situación el jueves de la semana pasada, pero ya tuvo «alguna referencia» el pasado mes de julio, por lo que ordenó a los directores provinciales de la Tesorería que hablaran con los responsables de la Junta pero «lo único que han podido saber es que les han dicho que no han pagado el impuesto», ha apuntado el secretario de Estado.

Octavio Granado ha explicado que desde un punto de vista leal los bienes de la Seguridad Social no se pueden embargar «pero nosotros trabajamos con cien bancos y si 70 ayuntamientos de una comunidad autónoma nos embargan cada uno de ellos decenas de cuentas corrientes, al final legalmente no tendremos problemas pero en la práctica podemos tenerlos», ha añadido.

En este sentido, ha expresado la «inquietud» y preocupación de la Seguridad Social y ha lamentado que pueda llegarse a perjudicar a los beneficiarios: «y esto es espantoso para nosotros porque vivimos, entre otras cosas, para pagar puntualmente las pensiones a los pensionistas», ha indicado.

Como motivo para esta actuación, Octavio Granado apunta «un intento de escalada en la presión» teniendo en cuenta que, a su juicio, en Castilla-La Mancha «estamos viviendo una especie de experimento de lo que pueden ser cosas que se hagan en otros sitios para justificar determinadas medidas».

También ha dicho que esta actuación no tiene ninguna justificación y que «el principio elemental de lealtad» hubiera sido hablar con la Tesorería de la Seguridad Social si existía algún problema.