El Justicia de Aragón -nombre histórico con el que se designa al Defensor del Pueblo de esta Comunidad Autónoma- Fernando García Vicente, ha rechazado la supresión de la institución del Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha, decisión adoptada por María Dolores Cospedal Popular, que este miércoles tomará posesión de su cargo de presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha.

En declaraciones a Europa Press, García Vicente ha defendido este martes la figura del Defensor del Pueblo de cada comunidad autónoma y ha expresado que judicializar los conflictos en los que él interviene como mediador sería más caro y más lento.

El Justicia ha explicado que en el caso aragonés la institución tiene un presupuesto de dos millones de euros y resuelve más de 2.200 asuntos anualmente, detrás de los cuales «hay a veces mucha gente».

En opinión de García Vicente, «hay instituciones de control que sirven para ayudar a conocer el estado de la Administración», lo cual «es bueno» en la medida que las instituciones están más próximas a los ciudadanos.

A esto ha añadido que la institución del Justicia es «muy querida y respetada», tras lo que ha afirmado que en Aragón «hubo Justicias antes que reyes y que leyes». En la Comunidad Autónoma «nadie» ha planteado la posibilidad de suprimir la institución, ha indicado.