El diputado por Toledo y portavoz socialista en la Comisión de Agricultura, Alejandro Alonso, confirmó ayer que el Ministerio ya negocia con el ICO la apertura de una línea específica de financiación para las empresas hortofrutícolas cuyas ventas se han visto seriamente afectadas por la crisis alimentaria originada por Alemania al vincular a los pepinos españoles un brote infeccioso por E. Coli que ya ha provocado 22 fallecidos y cerca de 2.000 afectados.

«Se está trabajando en estos momentos en la formalización de los correspondientes convenios cuyas condiciones se conocerán con toda seguridad en los próximos días», aseguró Alonso durante la presentación de una Proposición No de Ley del Grupo Socialista en la que se insta al Congreso a que se posicione a favor del sector hortofrutícola español, que factura 8.500 millones, cifra que representa más del 22% de la producción agrícola española.

Los socialistas, que esperan que la iniciativa se debata en el Pleno antes de que acabe el actual período de sesiones, piden al Gobierno que proponga en el seno de la Unión Europea que la nueva Política Agrícola Común (PAC) recupere los mecanismos de gestión de mercados que se eliminaron en 2003 y que han impedido que una respuesta europea más eficaz frente a una crisis generada por una «acusación sin pruebas» de la consejera de Sanidad de Hamburgo en unas declaraciones «sorprendentes e injustas».

«La situación de volatilidad de precios es habitual por diversas causas en el sector primario, que resulta seriamente perjudicado. Por tanto, la UE debe dotarse de instrumentos jurídicos que permitan retirar mercancía, almacenarla, destruirla o utilizarla para ayuda alimentaria», explico Alonso, que insistió en que el «desmantelamiento de los sistemas para actuar contra las crisis alimentarias» explican las dificultades del comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, para aportar recursos y medidas para compensar las pérdidas de un sector que en España es «puntero y moderno».

Alonso -que entiende que la nueva oferta del comisario que ha elevado la partida habilitada para las compensaciones de los 150 millones iniciales a los 210 millones sigue siendo «manifiestamente insuficiente»-, explicó que la Comisión debe poner en marcha «medidas excepcionales» basándose en el artículo 191 de la OCM única para compensar los daños comerciales producidos por la alerta sanitaria para todos los productores afectados. Esta exigencia aparece recogida también en el apartado resolutivo de la Proposición No de Ley registrada ayer por los socialistas. «Las medidas excepcionales son necesarias porque con los mecanismos reglados es difícil de que se puedan compensar al 100% las pérdidas».