Asegura que responden a una “estrategia” del PP para “justificar” los recortes y las “medidas de retroceso social” que pretenden adoptar en las CC.AA

El Secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias denunció este lunes la “profunda deslealtad institucional” en la que está incurriendo el PP al poner en cuestión el estado de las cuentas en Castilla La Mancha, en pleno proceso de traspaso de poderes.

Iglesias ha dicho que producir este tipo de “manifestaciones alarmantes”, “sin datos” que lo justifiquen, es de “una deslealtad que raya el gamberrismo político” y, por ello, ha “exigido” a Rajoy que “de credibilidad a las cuentas públicas españolas” que “están perfectamente auditadas” gracias al “riguroso” sistema de intervención que tienen tanto el Estado como las CC.AA.

En la rueda de prensa en la que ha informado de los asuntos abordados en la reunión de la Ejecutiva Federal, Iglesias, que defendió la actuación del Gobierno socialista de Castilla-La Mancha por plantear una transición de poderes “absolutamente leal y constructiva”, afirmó que las manifestaciones de los portavoces del PP son “especialmente graves” por producirse en un momento en el que “somos observados por el mercado y por nuestros acreedores”.

“Es bueno para todos que nuestras cuentas públicas no estén en duda de nadie” y por eso, “hace un flaco favor a este país el PP cuando las pone en cuestión”. “Un partido que acaba de ganar las elecciones debería dar muestras de más responsabilidad”, insistió Iglesias.

Estrategia del PP que “anuncia” recortes sociales

A juicio del Secretario de Organización socialista, esta actuación del PP responde a una “estrategia” para “justificar las medidas de recortes, de retroceso social y de ajuste en las políticas del Estado del bienestar” que pretende tomar este partido al volver a gobernar determinadas comunidades autónomas –tal y como ya demostró en Galicia- “y que nosotros hemos denunciado en la pasada campaña electoral”.

Subrayó que los datos que existen sobre la deuda y el déficit de las CC.AA. publicados por el Ministerio de Hacienda “son datos objetivos”, aceptados por Eurostat, la UE y nuestro socios europeos, e insistió en pedirle al PP que les de credibilidad “porque no son opinables”.

Unos datos que, por cierto, ponen de manifiesto que “el estado de deuda y de déficit es mayor en las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular”. Y arrojan, por ejemplo, que la deuda de la Comunidad Valenciana supera el 17% del PIB o que “la mitad de la deuda de los ayuntamientos de España la tiene el Ayuntamiento de Madrid: 6.000 millones de euros”, entonces, “¿de qué presumen?, se preguntó Iglesias.

Recordó que Zapatero ha manifestado con rotundidad que los compromisos de contención del déficit y de la deuda “se van a cumplir” -6% en 2011 y 3% en 2012- y que “el PP debería estar muy interesado en apoyar esos objetivos” por que eso –añadió- “es patriotismo”, ya que se trata de “un objetivo de país”.

En su opinión, Rajoy y el PP están jugando a “policía bueno, policía malo”, ya que el líder de la oposición dice que va a ser leal con el Gobierno de España para conseguir controlar el déficit, mientras que “el resto de sus portavoces desacreditan las instituciones y las cuentas públicas”.

En cuanto a la acusación de destrucción de documentación por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, lanzada también por el PP, Iglesias fue rotundo al afirmar que lo que contienen esas bolsas de las fotos publicadas “no son documentos públicos” y que “es una imprudencia importante confundir lo que son papeles particulares con documentación pública, que no se puede en ningún caso sacar de una institución”.

Finalmente, Iglesias quiso reseñar la voluntad de todos los gobiernos y ayuntamientos socialistas de hacer “un traspaso positivo y ejemplar” del poder a los populares, por lo que –insistió- “no es razonable que, antes de ver los papeles, se produzcan determinadas acusaciones” como las que “malintencionadamente” formula el PP.

Negociación colectiva

En cuanto a la negociación colectiva, Marcelino Iglesias ha destacado que “el Gobierno ha hecho todo el esfuerzo que podía hacer para conseguir esta acuerdo”, pero que “no ha sido posible”, por lo que el próximo Consejo de Ministros aprobará su reforma mediante un Real Decreto Ley.

Un texto que –dijo- “tendrá como base fundamental el punto cercano al que, tanto empresarios como sindicatos, manifestaron haber llegado antes de las elecciones” del 22 de mayo.

En todo caso manifestó lo “sorprendente” que resulta para los socialistas el hecho de que “haya habido una posición tan próxima” de los agentes sociales “unos días antes de las elecciones” y, “luego, un cambio de posición” tras la celebración de las mismas.