El consejero de Salud y Bienestar Social, que ha asistido hoy en Madrid a los actos conmemorativos del XXV aniversario de la Ley General de Sanidad, ha reiterado el compromiso firme del presidente Barreda contra cualquier intento de privatización de la asistencia sanitaria pública

El consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, ha asegurado hoy que frente a las corrientes neoliberales que abogan por imponer el copago el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se ha comprometido a oponerse a cualquier intento de privatización o reducción de las garantías y derechos sanitarios de los ciudadanos, lo que convierte a la comunidad autónoma en uno de los baluartes en España de la sanidad pública universal.

Lamata ha hecho estas declaraciones poco antes de iniciarse los actos conmemorativos del XXV aniversario de la Ley General de Sanidad en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, presididos por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, y el presidente de la Cámara Baja, José Bono.

“La descentralización ha permitido al Gobierno de Castilla-La Mancha mejorar las prestaciones y la calidad asistencial y ofrecer garantías por ley como el de plazos máximos de demora, lo que nos ha convertido en uno de los baluartes y motores de la sanidad pública española y que cuenta con un presidente como Barreda que rechaza rotundamente cualquier idea de privatización o de reducción de las garantías o derechos sanitarios porque es un defensor claro de una sanidad pública universal”, ha asegurado Lamata.

El responsable regional, que ha participado en una mesa redonda celebrada sobre los retos de futuro a los que se enfrenta la sanidad pública, ha señalado que la Ley General de Sanidad de 1986, impulsada por el entonces ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch, y a cuyo equipo perteneció en esa época como director provincial del Insalud, ha permitido principalmente universalizar la sanidad pública a todos los ciudadanos españoles sin tener en cuenta si tenían trabajo o vinculación laboral, ya que antes de esa ley accedían a ella los que cotizaban a la seguridad social.

“Unos ocho millones de españoles que no tenían derecho a una asistencia sanitaria pública pudieron acceder a ella y ahora tenemos un Sistema Nacional de Salud más equitativo, con una gestión descentralizada y con una potencia de diagnóstico y tratamiento de las más avanzada del mundo desarrollado”, ha explicado el consejero, quien ha agregado que ese avance ha supuesto, por ejemplo que en estos últimos veinticinco años la tasa de mortalidad infantil haya pasado de 20 por cada 1.000 nacidos vivos a menos de 3 en la actualidad. “Esta ley ha dignificado nuestra sanidad pública”, ha incidido.

Por eso, el titular de la sanidad pública castellano-manchega ha reiterado que en estos momentos de crisis no hay que bajar la guardia ante las corrientes privatizadoras que con un discurso catastrofista que ponen en duda la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud proponen dar marcha atrás a lo conseguido en la Ley General de Sanidad, que es desuniversalizar la asistencia sanitaria y que los ciudadanos no puedan acceder en función de sus necesidades como ahora sino por su capacidad de renta para pagar cuando enferme los servicios sanitarios que requiera.